Implementar un impuesto fronterizo sobre el carbono podría suponer varias complicaciones.

Por un lado, las empresas que esperan vender determinados productos a la Unión Europea tendrían que controlar y verificar las emisiones asociadas a la fabricación de sus productos. Si los países no pueden o no quieren hacerlo, la UE impondría su propio precio. Los expertos afirman que esa verificación es posible, pero puede ser complicada.

Además, países como Estados Unidos, China y Rusia se han opuesto al impuesto fronterizo sobre el carbono, lo que plantea la perspectiva de aranceles de represalia y guerras comerciales. También es posible que los países traten de impugnar el ajuste en frontera en la Organización Mundial del Comercio, aunque los funcionarios europeos afirman que están trabajando para garantizar que las normas resistan las objeciones jurídicas (entre otras cosas, lo llaman “ajuste” y no “impuesto” por razones jurídicas).

En el pasado, la Unión Europea había desistido de implementar propuestas similares. Hace una década, las autoridades europeas querían cobrar a las aerolíneas extranjeras que despegaran y aterrizaran en Europa por la contaminación de carbono que producen. Pero la UE desechó la idea tras las fuertes presiones de Estados Unidos y China.

Los funcionarios europeos han dejado abierta la posibilidad de negociar acuerdos comerciales individuales con distintos países que eviten la necesidad de imponer aranceles al carbono, sobre todo con las naciones que están adoptando políticas climáticas. Pero habría que concretar los detalles.

Para convertirse en ley, la propuesta de la UE debe negociarse entre los 27 países miembro y el Parlamento Europeo. Aunque muchas empresas de la UE, como las siderúrgicas, apoyan la idea de un ajuste fronterizo, no están tan dispuestas a perder los derechos de emisión gratuitos del actual programa de fijación de precios del carbono, ya que eso les obligaría a realizar cambios más drásticos en sus negocios. Esta controversia podría complicar las negociaciones internas.

Todavía hay un gran debate entre los expertos sobre cuán efectivo será en última instancia el ajuste de la frontera de carbono de la UE, dijo Johanna Lehne, asesora principal de políticas con sede en Bruselas en E3G, un grupo de investigación y defensa que trabaja en política climática. Según Lehne, los funcionarios vieron la política como una iniciativa vital para abordar los temores de que las políticas climáticas de la UE podrían colocar al continente en una desventaja económica.

“Envía una señal real de que la UE se toma en serio el intento de descarbonizar estos sectores industriales”, dijo. “Y están tratando de encontrar una respuesta a muchas de esas preocupaciones políticas internas”.

Brad Plumer es un reportero climático especializado en políticas y proyectos tecnológicos para reducir las emisiones de dióxido de carbono. En el Times, también ha cubierto conversaciones internacionales sobre el clima y el panorama energético cambiante en Estados Unidos. @bradplumer





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Abhi
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