Este reportaje fue producido en colaboración con la Red de Investigaciones sobre la Selva Tropical del Centro Pulitzer.

RÍO DE JANEIRO — Mientras el gobierno de Joe Biden reúne a la comunidad internacional para frenar el calentamiento global en una cumbre sobre el cambio climático esta semana, Brasil se compromete a desempeñar un papel fundamental, al grado de prometer el fin de la deforestación ilegal para 2030.

Hay un pero: el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quiere que la comunidad internacional destine miles de millones de dólares para pagar las iniciativas de conservación.

Y los donantes son reacios a dar el dinero, ya que durante la gestión de Bolsonaro, Brasil ha estado ocupado haciendo lo contrario de la conservación: ha destruido el sistema de protección ambiental del país, socavado los derechos de los indígenas y defendido a las industrias que impulsan la destrucción de la selva tropical.

“Quiere dinero nuevo sin restricciones reales”, dijo Marcio Astrini, quien dirige el Observatorio del Clima, una organización de protección del medioambiente en Brasil. “Este no es un gobierno digno de confianza: ni en lo que respecta a la democracia ni en lo que respecta al coronavirus y mucho menos en lo que respecta a la Amazonía”.

Durante dos años, Bolsonaro parecía no preocuparse por su reputación de villano ambiental.

Bajo su mandato, la deforestación en la selva amazónica, de lejos la mayor del mundo, ha aumentado hasta el nivel más alto en más de una década. La destrucción, que ha sido impulsada por los madereros que despejan la tierra para el pastoreo de ganado y para las operaciones mineras ilegales, provocó la indignación mundial en 2019, cuando enormes incendios forestales hicieron estragos durante semanas.

El gobierno de Donald Trump hizo la vista gorda ante el historial medioambiental de Brasil durante el mandato de Bolsonaro, un aliado cercano del anterior presidente estadounidense.

Después de que la Casa Blanca cambiara de manos en enero, Estados Unidos comenzó a presionar a Brasil para frenar la deforestación, uniéndose a la Unión Europea, Noruega y otros en la advertencia de que el empeoramiento de su reputación obstaculiza el potencial económico del país.

“Queremos ver resultados concretos”, dijo Todd Chapman, embajador de Estados Unidos en Brasil, a un grupo de empresarios brasileños a principios de este mes. “Los madereros y mineros ilegales, toda esta actividad ilegal, ¿por qué quieren pagar la factura de eso?”.

Poco después de que el presidente Biden asumiera el cargo, altos funcionarios de su gobierno comenzaron a reunirse con el ministro de Medioambiente de Bolsonaro, Ricardo Salles, en un esfuerzo por buscar un terreno común antes de la reunión sobre el clima de este mes.

Las reuniones a puerta cerrada fueron vistas con inquietud por los ecologistas, que desconfían profundamente del gobierno de Bolsonaro. Las conversaciones dieron lugar a frenéticas campañas de activistas que pretendían advertir a los funcionarios estadounidenses de que no confiaran en el gobierno brasileño.

Los estadounidenses también necesitaban aplacar los ánimos que se habían encendido durante la campaña presidencial. Después de que Biden declarara durante un debate que intentaría recaudar 20.000 millones de dólares para salvar la Amazonía, Bolsonaro se enfureció, calificándolo de “amenaza cobarde contra nuestra integridad territorial y económica”.

Sin embargo, el presidente brasileño adoptó un tono mucho más conciliador en una carta de siete páginas que envió a Biden a principios de este mes.

“Nos enfrentamos a un reto de enormes proporciones, con el aumento de las tasas de deforestación en la Amazonía”, escribió Bolsonaro en la carta del 14 de abril, en la que argumenta que la reputación de Brasil como malhechor del medioambiente es inmerecida.

Abordar ese desafío, agregó el líder brasileño, requerirá “recursos significativos”.

Para empezar, Salles dijo en una entrevista en marzo que el gobierno estaría encantado de conseguir los 20.000 millones de dólares que propuso Biden, calificando la suma de “proporcional a los retos que tenemos en la Amazonía”.

Si la comunidad internacional da un paso adelante, dijo Salles, “vamos a alinear una serie de acciones que pueden traer resultados rápidos”.

El nuevo compromiso de Bolsonaro de luchar contra la deforestación —que de hecho restablece un compromiso del gobierno brasileño que su gestión había abandonado— también se produce mientras su mandato se ve acosado por una crisis sanitaria y económica cada vez más profunda por la pandemia de COVID-19, que sigue matando a miles de brasileños cada día.

El cambio de rumbo y la exigencia de dinero en efectivo por adelantado se recibieron con escepticismo entre los diplomáticos extranjeros en Brasil y los ecologistas, que sostienen que el único déficit real de Brasil es el de la voluntad política.

Los diplomáticos europeos y británicos han trabajado durante meses para presionar al gobierno de Bolsonaro para que se comprometa a proteger el medioambiente antes de la cumbre del clima de las Naciones Unidas de noviembre.

Suely Araújo, expresidenta del Ibama, la principal agencia de protección ambiental de Brasil, dijo que el gobierno tiene acceso a cientos de millones de dólares que podrían ser gastados en esfuerzos de conservación en poco tiempo.

Incluyen un fondo para esfuerzos de protección de la Amazonía que Noruega y Alemania congelaron en 2019 después de que el gobierno de Bolsonaro criticara algunos de los proyectos y desmantelara las salvaguardias para garantizar que el dinero se utilizara de manera efectiva.

“Llama la atención la desvergüenza del gobierno para pedir recursos en el exterior”, dijo Araújo. “¿Por qué no usa el dinero que hay?”.

Las organizaciones ambientales e indígenas han expresado un profundo escepticismo sobre la voluntad profesada por Bolsonaro de luchar contra la deforestación y han advertido a los donantes internacionales que se abstengan de dar al gobierno brasileño un dinero que temen pueda ser utilizado para socavar la protección del medioambiente.

En las últimas semanas, los ecologistas han dado la voz de alarma, y algunas celebridades —entre ellas el cantante brasileño Caetano Veloso y el actor estadounidense Leonardo DiCaprio— firmaron una carta en la que transmitían su “profunda preocupación” por las conversaciones.

No hay indicios de que el gobierno de Biden considere la posibilidad de ofrecer financiación a los esfuerzos de deforestación a una escala significativa, lo que requeriría el apoyo del Congreso.

Jen Psaki, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, dijo la semana pasada que Estados Unidos no espera anunciar un acuerdo bilateral con Brasil en la cumbre del clima de esta semana.

“Queremos ver un compromiso claro para acabar con la deforestación ilegal, medidas tangibles para aumentar la aplicación efectiva de ese compromiso y una señal política de que la deforestación ilegal y la invasión no serán toleradas”, dijo a los periodistas la semana pasada.

Psaki añadió que Estados Unidos cree que es “realista que Brasil logre una disminución real de la deforestación para el final de la temporada de incendios de 2021” en la Amazonía, que suele comenzar alrededor de agosto.

Los expertos dicen que hay pocas razones para ser optimistas.

El plan presupuestario anual que el gobierno de Bolsonaro presentó recientemente al Congreso incluye el nivel más bajo de financiación para los organismos ambientales en dos décadas, según un análisis del Observatorio del Clima.

Después de que el vicepresidente del país, Hamilton Mourão, anunciara el primer objetivo del gobierno para la reducción de la deforestación a principios de este mes, los expertos señalaron que alcanzar la meta dejaría a Brasil a finales de 2022 con un nivel de deforestación un 16 por ciento más alto que el que Bolsonaro heredó en 2019.

El gobierno de Bolsonaro apoya un proyecto de ley que daría amnistía a los acaparadores de tierras, una medida que abriría una franja de la Amazonía al menos del tamaño de Francia a un desarrollo en gran medida no regulado. Otra iniciativa que impulsa en el Congreso facilitaría a las empresas la obtención de licencias ambientales y allanaría el camino para las operaciones mineras legales en los territorios indígenas.

Y existe una profunda desconfianza hacia Salles entre los ecologistas y los funcionarios públicos sobre el terreno. Un alto funcionario de la policía federal en la Amazonía acusó recientemente al ministro de obstruir una operación de aplicación de la ley contra los madereros ilegales.

Los líderes del sector privado están entre los más preocupados por el historial del gobierno en materia de medioambiente. Aunque China compra casi un tercio de las exportaciones de Brasil, los estadounidenses son inversores cruciales en empresas cuyas cadenas de suministro son vulnerables a la deforestación.

En una carta abierta, los responsables de decenas de grandes empresas brasileñas, entre ellas el frigorífico JBS y el banco Itaú, instaron al gobierno a establecer objetivos más ambiciosos de reducción de las emisiones de carbono.

“Cualquier trabajo que reduzca la deforestación ilegal beneficia al sector privado”, dijo Marcello Brito, presidente de la Asociación Brasileña de Agronegocios, que estaba entre los firmantes. “Lo que temo es un boicot del mercado”.

Esa es una perspectiva que Chapman, el embajador estadounidense, ha subrayado.

“Si las cosas no van bien, no se trata de lo que ocurra con el gobierno estadounidense, sino de lo que ocurra con el mundo”, dijo. “En muchas empresas en Estados Unidos ahora, sus accionistas exigen una respuesta”.

Ernesto Londoño es el jefe de la oficina de Brasil, con sede en Río de Janeiro. Antes fue integrante del Consejo Editorial y, antes de unirse al Times en 2014, reportó para The Washington Post. @londonoeFacebook





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Abhi
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